El Instituto Arayara de Educación para la Sostenibilidad presentó una demanda para suspender la participación de las centrales eléctricas de carbón en la Subasta de Capacidad de Reserva (LRCAP) programada para 2026.
La demanda, presentada el martes (4 de marzo) en el 13º Juzgado Civil Federal del Distrito Federal, se dirige a la Unión, al MME (Ministerio de Minas y Energía), a la EPE (Empresa de Investigación Energética) y a la ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica).
Según la evaluación del instituto, la subasta de capacidad representa otro intento del Ministerio de Minas y Energía de "conciliar intereses sectoriales" bajo el pretexto de la seguridad del sistema energético.
La entidad reconoce la necesidad de contratar centrales eléctricas despachables con rápidos aumentos de generación, capaces de satisfacer la demanda máxima y respaldar la operación del sistema eléctrico. Sin embargo, sostiene que las centrales eléctricas de carbón no cumplen los requisitos de flexibilidad operativa exigidos por el ONS (Operador Nacional del Sistema).
Según la demanda, estudios técnicos indican que las centrales térmicas de carbón presentan un ritmo lento de aumento o disminución de la generación. Esto las descalificaría como un recurso de respuesta rápida, atributo considerado esencial para garantizar la confiabilidad del sistema en un contexto de mayor participación de fuentes intermitentes, como la solar y la eólica.
El instituto afirma que una central eléctrica de carbón puede tardar hasta ocho horas en alcanzar su plena carga y, una vez activada, debe permanecer en funcionamiento durante unas 18 horas. En la práctica, esto requeriría que el ONS (Operador Nacional del Sistema) mantuviera la central en funcionamiento durante más de un día cada vez que se activa.
Según la organización, esta rigidez operativa tiende a agravar el problema de los recortes en la generación renovable –el llamado curtailment– al reducir el espacio para acomodar fuentes limpias en el mix energético.
Además de las limitaciones técnicas, Arayara sostiene que el carbón aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y socava el avance de la transición energética, contradiciendo los compromisos climáticos asumidos por Brasil.
Para la subasta LRCAP del 20 de marzo, se registraron tres proyectos termoeléctricos a carbón, con una potencia total de 1.440 MW. Este volumen corresponde al 1,61 % de la potencia total registrada en la subasta. Según la evaluación del instituto, se trata de una proporción relativamente pequeña desde el punto de vista de la seguridad energética, pero con un alto impacto socioambiental.
La inclusión del carbón en el proceso de licitación ya había sido cuestionada durante la fase de consulta pública de las subastas, con repercusiones negativas en los medios de comunicación nacionales. Aun así, la fuente se mantuvo en las bases de la subasta.
Riesgos legales
Otro punto central de la demanda se relaciona con el riesgo de litigios futuros. Según el instituto, para ser competitivas en el proceso de licitación, las centrales térmicas de carbón tenderían a ofrecer precios más bajos, compensando así su menor eficiencia operativa.
Si ganan la subasta y posteriormente se les envían más de lo previsto o se les alteran las condiciones de operación, podrían acudir a los tribunales alegando desequilibrio económico y financiero y reclamando ingresos adicionales.
En opinión de la organización, la inclusión de centrales eléctricas de carbón conlleva riesgos legales, económicos, competitivos, ambientales y climáticos para el sector eléctrico.
La demanda sostiene además que existe una falla en la justificación y un abuso de poder en el acto administrativo que permitió al carbón participar en el LRCAP.
“Ahora bien, si la motivación de la subasta es contratar capacidad de reserva, es decir, la capacidad de generar energía para las horas punta, se viola completamente el propósito del proceso de licitación al incluir centrales térmicas que operarían todo el tiempo al ser activadas”, señala el instituto en el autos.
El Instituto Arayara se revela como una organización opuesta a los combustibles fósiles, como lo demuestra la participación de sus representantes en reportajes periodísticos sobre el tema.
En el informe “Cómo el lobby del carbón obstaculiza la transición energética en Brasil.En entrevista con la revista IstoÉ, el gerente de Transición Energética del instituto, John Wurdirg, calificó al presidente de la ABSC (Asociación Brasileña para el Carbono Sostenible), Fernando Luiz Zancan, de "gran estratega y lobbysta" del sector del carbón.
En el informe “Brasil sigue subsidiando la electricidad generada a carbón mientras busca liderazgo climático en la COP30.La directora ejecutiva del instituto, Nicole Figueiredo de Oliveira, dijo que comprometerse a prohibir el uso de carbón sería una forma para que el gobierno brasileño logre "cierto progreso" hacia una transición energética justa.
El Instituto Arayara cuenta con más de 30 años de experiencia en la defensa de los derechos socioambientales relacionados con la energía, los combustibles fósiles y el cambio climático. La organización forma parte de varias organizaciones, como FONTE (Foro Nacional para la Transición Energética) y CONAMA (Consejo Nacional del Medio Ambiente). Ambiente).
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