Con la colaboración de Guilherme Pereira*
Los recientes acontecimientos que involucran a Venezuela han reavivado un debate que, en Brasil, todavía suele manejarse de forma fragmentada o excesivamente ideológica: la relación directa entre energía, infraestructura y soberanía nacional.
Releer El Nuevo Mapa de Daniel Yergin en este contexto deja claro que la transición energética no puede entenderse únicamente como una agenda ambiental o tecnológica. Es, sobre todo, una agenda estratégica de poder, seguridad y autonomía de decisión.
La experiencia venezolana demuestra que la soberanía ya no es un concepto estrictamente político internacional. En el mundo contemporáneo, ha pasado a depender directamente de la capacidad de un país para organizar, proteger, financiar y modernizar su infraestructura crítica.
Los Estados que pierden esta capacidad se vuelven funcionalmente vulnerables, abriendo la puerta a intervenciones externas que no se justifican por el discurso ideológico, sino por criterios materiales: eficiencia, control y capacidad operativa.
Históricamente, toda gran potencia ha consolidado su posición mediante el control de una fuente central de energía. El carbón sustentaba al Imperio Británico y su armada industrial.
El petróleo estructuró el siglo estadounidense, facilitando la movilidad, la industrialización a gran escala y la proyección geopolítica. En el siglo XXI, el eje del poder se desplaza hacia la electricidad, el almacenamiento, los datos y la capacidad informática.
No se trata de una ruptura histórica, sino de una actualización del mismo principio: quien controla la energía controla el crecimiento, la estabilidad y la capacidad de decisión.
La transición energética, por lo tanto, no elimina la geopolítica energética. La expande y la sofistica. Más allá del petróleo y el gas, los sistemas eléctricos resilientes, el almacenamiento a gran escala, los minerales críticos, la digitalización de la red y la integración de la energía, la movilidad y la infraestructura urbana se vuelven centrales en la estrategia nacional. El discurso ambiental existe, pero la lógica predominante de las grandes potencias es estratégica.
La economía digital, a menudo percibida como inmaterial, es profundamente física. Los centros de datos, la computación en la nube, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial y los servicios públicos digitales dependen de grandes volúmenes de electricidad de forma continua, predecible y fiable.
Los modelos de inteligencia artificial a gran escala ya consumen una energía equivalente a la de ciudades medianas. El límite de la transformación digital no es solo tecnológico. Es energético.
En este contexto, la disputa global entre Estados Unidos, China y otras potencias debe interpretarse como una disputa por la capacidad energética organizada.
Quien pueda ofrecer electricidad abundante, barata y soberana se convierte en el territorio natural de la economía digital avanzada. Quien no pueda, se ve limitado al rol de consumidor de tecnología, importando soluciones, datos procesados y decisiones estratégicas.
La electromovilidad ilustra claramente este cambio estructural. Los vehículos eléctricos no solo son medios de transporte más eficientes o menos contaminantes.
Representan la convergencia entre el sector eléctrico, la industria de las baterías, los sistemas de datos y la economía urbana. Cada vehículo eléctrico es simultáneamente un activo de movilidad, una unidad móvil de almacenamiento de energía y una plataforma de generación de datos.
Considerar la electromovilidad únicamente como un sustituto de los motores de combustión es un error estratégico. El verdadero debate gira en torno al dominio de las cadenas de producción de baterías, la infraestructura de carga, los sistemas de gestión energética, la integración con redes inteligentes y el control de los datos generados por la movilidad.
Sin este control, la electrificación de la flota puede generar nuevas dependencias externas. Con ello, se convierte en un instrumento para la reindustrialización, la eficiencia logística, la reducción de costes urbanos y la soberanía tecnológica.
El almacenamiento de energía ocupa un lugar central en este nuevo marco. No es posible una expansión constante de las fuentes renovables sin soluciones de almacenamiento que garanticen la estabilidad, la flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico.
Tampoco puede haber soberanía energética sin el dominio tecnológico e industrial de estas soluciones. El almacenamiento es la columna vertebral de la transición energética.
Brasil se enfrenta a una inusual combinación de atributos estratégicos: una matriz eléctrica predominantemente limpia, escala continental, un mercado interno significativo, un liderazgo consolidado en biocombustibles, un potencial considerable en minerales críticos y sustanciales reservas de petróleo. Esta pluralidad debe considerarse no como una contradicción por resolver, sino como una ventaja competitiva que aprovechar.
El error histórico recurrente es caer en la lógica de opciones mutuamente excluyentes: petróleo versus renovables, electrificación versus biocombustibles. Ninguna gran potencia ha llevado a cabo su transición energética abandonando abruptamente sus fuentes existentes. Todas han utilizado los activos presentes para financiar el futuro, preservar la estabilidad social y mantener la capacidad de inversión.
Explorar recursos con tecnología avanzada, rigor ambiental y reinversión nacional no es un paso atrás; es realismo estratégico.
Sin embargo, las ventajas naturales no se traducen automáticamente en soberanía. Sin coordinación entre la política energética, la política industrial, la innovación tecnológica y el desarrollo territorial, el país corre el riesgo de seguir exportando recursos naturales e importando soluciones estratégicas de alto valor añadido.
Por lo tanto, la transición energética en Brasil debe considerarse una política de Estado. Esto implica planificación a largo plazo, previsibilidad regulatoria, fortalecimiento de las cadenas productivas locales, inversión consistente en redes eléctricas, almacenamiento y digitalización, así como una gobernanza clara de los activos estratégicos.
La transición energética es inevitable. Sin embargo, tomar la iniciativa sigue siendo una opción. En el nuevo panorama energético, la soberanía no es retórica ni narrativa. Es una construcción material, cotidiana y estratégica.
* Guilherme Pereira es abogado, egresado de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y con una Maestría en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Trabaja en las áreas de Derecho Público, energía, infraestructura y movilidad, con especialización en soberanía energética, marco regulatorio y estrategia de desarrollo. Es miembro de la Asociación Nacional de Empresas de Alquiler de Vehículos (ANAV) y Director Jurídico del Sindicato de Empresas de Alquiler de Vehículos de Minas Gerais (SINDILOC-MG).
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