El gobierno venezolano anunció este fin de semana una reducción en la jornada laboral de los servidores públicos como respuesta a la emergencia climática que viene afectando los niveles de los embalses del país.
La medida entró en vigor este lunes (24) y establece un nuevo horario de atención para los profesionales, de 8 a 12:30 horas, válido por las próximas seis semanas.
La decisión excluye a sectores considerados esenciales y es similar a acciones adoptadas anteriormente, en 2016 y 2018, cuando el país también enfrentó una caída en el volumen de agua en la central hidroeléctrica de Guri, planta responsable de abastecer a alrededor del 80% de los venezolanos.
Según el comunicado oficial, el país vive los efectos de un evento climático extremo, con altas temperaturas y escasez de agua, especialmente en la región Andina.
El gobierno también implementó el sistema escalonado “1×1” y pidió el apoyo de la población con medidas de ahorro energético, como ajustar el aire acondicionado a 23°C, aprovechar más la luz natural y apagar los aparatos electrónicos que no se estén utilizando.
Aunque el racionamiento de energía ha sido común en las zonas del interior durante más de una década, la situación ha empeorado en los últimos años.
Entre 2019 y 2024, apagones prolongados dejaron a oscuras varias regiones del país. Mientras los expertos señalan la falta de mantenimiento del sistema eléctrico como la principal causa, el gobierno atribuye los episodios a presuntos actos de sabotaje.
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A pesar de tener altos niveles de incidencia solar durante todo el año, Venezuela aún apenas explora el potencial de la energía solar en su matriz energética.
Actualmente, el país depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, especialmente de la central eléctrica de Guri. Además, la falta de inversión, combinada con la inestabilidad económica y política, ha dificultado la expansión de fuentes alternativas.
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