Con la colaboración de Manuel Fernandes
En 2025, los efectos de las restricciones a la generación se hicieron más evidentes en los balances de las empresas del sector eléctrico, lo que demostró que la limitación de la producción ganó peso económico y comenzó a ocupar espacio también en los debates regulatorios, legales y contables.
Como resultado, la medida dejó de ser simplemente una cuestión técnica en las operaciones eléctricas y comenzó a impactar directamente en los resultados financieros de las empresas del sector.
El término "reducción de producción" se utiliza para describir situaciones en las que las centrales eléctricas necesitan reducir o interrumpir temporalmente su generación, según lo determine el Operador del Sistema Eléctrico Nacional, incluso cuando existe capacidad de producción disponible.
En la práctica, este fenómeno suele asociarse a tres factores principales: la seguridad energética, para preservar la estabilidad del sistema eléctrico; la disponibilidad de transmisión, en los casos en que la red no tenga capacidad suficiente para transportar toda la energía generada; y la demanda de energía, en situaciones en que la oferta disponible supere el consumo en determinados periodos o regiones.
Con el avance de la generación de energía renovable en Brasil, especialmente en regiones con fuerte expansión eólica y solar, estas restricciones se han vuelto más frecuentes. En el ámbito regulatorio, el debate cobró impulso con la aprobación de la Ley 15.269, que introdujo disposiciones relativas al tratamiento de las restricciones a la generación y abrió la puerta a mecanismos de compensación en ciertas situaciones.
Sin embargo, una parte importante de este debate permanece abierta debido al veto del gobierno a ciertas disposiciones de la ley, asunto que aún está pendiente de deliberación por parte del Congreso Nacional. Mientras se espera esta decisión, las empresas del sector exploran diferentes enfoques para abordar el problema desde el punto de vista económico.
Entre las alternativas evaluadas se encuentran la adhesión a los mecanismos de renegociación regulatoria, cuando estén disponibles, y los litigios, especialmente en los casos en que se entienda que las restricciones fueron resultado de factores externos a los proyectos.
Más allá de la dimensión regulatoria, la reducción de personal también plantea importantes desafíos para la contabilidad. La principal cuestión hoy en día es comprender cuándo y en qué medida se pueden reconocer en los estados financieros los importes relacionados con la remuneración.
La dificultad reside precisamente en la siguiente incertidumbre: aún no existe una claridad definitiva con respecto a los montos, los criterios de elegibilidad, el método de pago y el plazo para cualquier reembolso eventual.
En este contexto, conviene recordar que la contabilidad suele definirse como el lenguaje de los negocios. Es a través de la contabilidad que el mercado podrá observar cómo las empresas reflejan económicamente los efectos de la reducción de la actividad. – ya sea por impactos directos en el resultado o por posibles derechos futuros, en caso de que exista una mayor certeza regulatoria.
Por lo tanto, muchos actores del sector creen que este año será decisivo para la consolidación regulatoria de este tema. Se espera que haya mayor claridad en cuanto a la compensación, los criterios de tratamiento y la previsibilidad para los inversores.
Al mismo tiempo, las soluciones estructurales están empezando a ganar terreno en los debates del sector, entre ellas el avance del almacenamiento de energía en baterías, que podría contribuir a una mayor flexibilidad operativa y a un mejor aprovechamiento de la generación renovable en el futuro. Si la expansión de las energías renovables continúa siendo uno de los pilares del sector eléctrico brasileño, la forma en que el país aborde la limitación de la producción contribuirá a definir el entorno de inversión en los próximos años.
Manuel Fernandes Es socio principal del sector de energía y recursos naturales en KPMG para Brasil y Sudamérica. También es miembro del Instituto Brasileño de Auditores Independientes (IBRACON), del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo (IBGC) y de la Asociación Brasileña de Sociedades Anónimas (ABRASCA). Es director de AmCham (Cámara de Comercio Americana), director de la Cámara de Comercio Portuguesa y miembro del consejo directivo del Instituto Brasileño de Ejecutivos Financieros (IBEF).
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