Las plantas de cogeneración que utilizan biomasa cerraron diciembre sin ningún corte de generación (reducción). Sin embargo, esta normalidad operativa se atribuye al período de baja temporada de los ingenios azucareros de las regiones Sur y Sureste, donde las plantas permanecen inoperativas por mantenimiento a la espera del nuevo ciclo de producción.
El mes en cuestión marca teóricamente el inicio de la implementación de los lineamientos para la aplicación de restricciones a las centrales eléctricas clasificadas como Tipo III en situaciones de baja demanda en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Ante este riesgo inminente, las principales entidades representativas del sector —Bioenergia Brasil, la Asociación de la Industria de Cogeneración (Cogen) y la Unión de la Industria de Caña de Azúcar y Bioenergía (Unica)— han intensificado su movilización institucional.
A través de cartas oficiales conjuntas enviadas a ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) y un grupo de doce concesionarias de distribución, las asociaciones expresan su preocupación por los altos riesgos de daños estructurales, financieros y ambientales que futuros cortes podrían ocasionar.
Riesgo de parálisis industrial
El principal motivo de preocupación radica en la naturaleza técnica de las centrales eléctricas de biomasa, según informan las entidades. A diferencia de los generadores estrictamente eléctricos, la Plantas de tipo III Funcionan mediante turbinas de contrapresión y de extracción-condensación para suministrar vapor de proceso esencial para sus respectivas actividades industriales asociadas.
Según las entidades, estas plantas operan en condiciones de 100% de inflexibilidad, lo que hace extremadamente complejo definir una “generación mínima” para exportar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) sin comprometer la producción de la fábrica.
Las asociaciones advierten que cualquier restricción de suministro ordenada por el ONS (Operador Nacional del Sistema) podría provocar un "colapso" en la producción industrial clave, afectando a sectores como el azúcar, el etanol, el biodiésel, el papel, la pulpa y la fabricación de bebidas.
Las pérdidas serían por tanto desproporcionadas e incluirían no sólo la pérdida de ingresos por electricidad, sino también daños consecuentes y pérdida de beneficios a lo largo de toda la cadena de producción.
Retos ambientales
Otro riesgo crítico señalado en los documentos es la desestabilización técnica de las unidades. Las entidades explican que restringir la generación podría comprometer la sincronización de las plantas con la red eléctrica, generando un efecto secundario: la planta podría permanecer fuera de servicio durante períodos mucho más largos de lo previsto inicialmente en la orden de apagado.
Las asociaciones advierten que esto sería una contradicción operativa, que dificultaría la capacidad de satisfacer el aumento crítico de la generación necesaria cuando la producción de fuentes intermitentes cae al final del día.
Desde una perspectiva ambiental y logística, la interrupción de la quema de biomasa genera un problema de gestión de residuos. Las centrales térmicas operan según los principios básicos de la economía circular, consumiendo bagazo, astillas de madera y cascarilla de arroz. Una parada forzada provocaría la acumulación de estos materiales, aumentando el riesgo de incendios y comprometiendo la seguridad de las instalaciones. Además, la producción continua de biometano, biogás y biofertilizantes se vería directamente amenazada.
Inseguridad jurídica
La movilización también busca evitar un vacío regulatorio. El sector solicita que las distribuidoras —como CPFL, Cemig, Energisa y Copel— no implementen el Plan de Recorte de Generación de Emergencia antes de que el organismo regulador regule debidamente sus repercusiones financieras y contractuales. ANEEL.
Entre las demandas urgentes enumeradas están: la creación de mecanismos de compensación que cubran los costos fijos y variables, así como las pérdidas de vapor; tratamiento regulatorio para el incumplimiento de contratos en el Ambiente de Contratación Regulada (CCEAR) y Ambiente de Contratación Libre (ACL), caracterizando los cortes como "caso fortuito o de fuerza mayor"; y protección contra la reducción de la garantía física de las centrales eléctricas por menor generación verificada ocasionada por los cortes.
Las organizaciones enfatizan que cada caso de cogeneración es único y debe ser tratado "con extremo cuidado" para que los supuestos beneficios sistémicos de una restricción no generen mayores daños a la sociedad civil y al ambiente institucional para las inversiones en energías renovables en Brasil.
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