Los efectos de la transición energética en Brasil van más allá de los beneficios ambientales y ya se reflejan concretamente en la economía. Esto se debe a que el mayor uso de fuentes renovables tiene el potencial de añadir entre R$ 337 mil millones y R$ 465 mil millones al PIB (Producto Interno Bruto) para 2035.
Así lo demuestra un estudio desarrollado por Itaú Unibanco en colaboración con la FGV (Fundação Getulio Vargas). El estudio también estima que el proceso de descarbonización podría generar R$ 295 mil millones en nuevas inversiones y generar hasta 1,9 millones de empleos en el país en diez años.
El análisis también indica que cada R$ 1,00 invertido en energía renovable puede generar un retorno de hasta R$ 1,57 para la economía, con impacto directo en la capacitación de la mano de obra y en el fortalecimiento de la industria proveedora nacional.
Además del crecimiento económico, el estudio destaca importantes avances ambientales, especialmente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación de las empresas y la sociedad al cambio climático. Entre los ejemplos citados se encuentra la expansión de las centrales eólicas y solares en... Nordeste, una región que viene consolidando su posición como polo de generación de energía limpia a costos cada vez más competitivos.
Otro punto destacado es el avance de los sistemas de producción integrados en la agricultura, que combinan cultivos, ganado y especies arbóreas en una misma zona. Estos modelos aumentan la eficiencia productiva y, a la vez, contribuyen a la captura de carbono de la atmósfera, fortaleciendo la relación entre la sostenibilidad y la competitividad en el sector.
La agenda de la economía baja en carbono también ganó protagonismo en el escenario internacional durante las discusiones de la COP30, celebrada en Belém entre el 10 y el 21 de noviembre, con la participación de representantes gubernamentales de diversos países que buscan soluciones para enfrentar el cambio climático.
Según el análisis, Brasil cuenta con ventajas estructurales para asumir un papel de liderazgo en este proceso de transición. La abundancia de recursos naturales, la competitividad de las fuentes renovables y la capacidad de atraer inversiones sitúan al país en una posición estratégica en la nueva configuración global de la energía y la industria verde.
A pesar del potencial, el ritmo del progreso todavía depende de la superación de obstáculos regulatorios y estructurales, que influyen directamente en la previsibilidad de los ingresos y la confianza de los inversores.
Según el estudio, la seguridad jurídica sigue siendo uno de los principales criterios para asignar capital a proyectos a largo plazo, especialmente en el sector energético.
Con información de Agencia Reuters
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