El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que el país no pretende aceptar una reducción en la tarifa energética de Itaipú después de 2026, incluso a la luz del acuerdo firmado con Brasil en mayo de 2024.
La declaración reaviva las tensiones diplomáticas y regulatorias en torno a la central hidroeléctrica binacional, especialmente en un momento en que se discute la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que define la base financiera de la central.
En conferencia de prensa con medios paraguayos, Peña defendió mantener una tarifa más alta, alegando la existencia de "deudas históricas" y la necesidad de asegurar recursos para inversiones en áreas como infraestructura, salud, educación y programas socioambientales.
Según él, una reducción de precios comprometería la capacidad financiera de la binacional.
Esta posición contradice el acuerdo bilateral firmado en 2024, que establece que, a partir de 2027, la tarifa de Itaipú deberá reflejar sólo el costo operacional estricto, previsto en el Anexo C del Tratado, sin incluir costos discrecionales.
"La respuesta es no. Hay muchas deudas con Paraguay y con el pueblo paraguayo, y parte de esas deudas se están saldando con inversiones en áreas esenciales", afirmó Peña.
Impacto en los consumidores
Actualmente, la tarifa de Itaipú está congelada en US$ 19,28 por kW para los años 2024, 2025 y 2026. Para reducir el impacto de ese valor en la factura de energía, la parte brasileña de la planta se comprometió a realizar un aporte de US$ 285 millones en 2026, lo que permite mantener la tarifa efectiva para los consumidores de las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste en US$ 17,66 por kW/mes.
Itaipú también destina aproximadamente US$1,51 millones anuales (R$8,14 millones) a costos socioambientales. Dado que Paraguay no consume toda la energía que le corresponde según el Tratado, los consumidores brasileños acaban asumiendo casi el 80% de los costos totales de la planta.
En la práctica, esto significa que por cada R$ 1 invertido en programas sociales con recursos de Itaipú, el consumidor brasileño en el mercado regulado paga aproximadamente R$ 1,60 adicional en la factura de energía eléctrica.
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