La propuesta presentada por el ONS (Operador Nacional del Sistema Eléctrico), basada en el estudio realizado por PSR y Daimon, de crear un DSO (Operador del Sistema de Distribución) controlado por los distribuidores, requiere un análisis mucho más profundo que el realizado hasta ahora en foros técnicos.
La afirmación de que la MMGD (micro y mini generación distribuida) representa un “problema” para la red básica —especialmente con respecto a la previsión de la carga neta— no puede considerarse justificación suficiente para una reconfiguración institucional del sector eléctrico de tal magnitud.
Desde el punto de vista de la arquitectura regulatoria e institucional, la propuesta es profundamente centralizadora y revierte avances importantes que venimos consolidando en los últimos años hacia la descentralización, digitalización y democratización del sector eléctrico.
Transferir a las distribuidoras la facultad de actuar como DSOs, con capacidad de controlar y despachar los REDs (Recursos Energéticos Distribuidos), es una decisión que genera evidentes conflictos de intereses, sobre todo porque esas mismas distribuidoras compiten, directa o indirectamente, con soluciones de generación distribuida.
Desde la perspectiva de la operatividad de la red básica, es correcto afirmar que la previsibilidad de la carga neta se ha vuelto más compleja con el crecimiento de la GD, especialmente en regiones donde la penetración es alta.
Sin embargo, no es técnicamente aceptable atribuir los desafíos de la previsibilidad y estabilidad de la red únicamente a la GD. Estos desafíos también surgen de la rigidez estructural del modelo de planificación, la falta de transparencia en los datos de distribución y la ausencia de mecanismos eficientes para la gestión activa de la demanda.
La solución propuesta —un DSO operado por distribuidores— va en contra de las mejores prácticas internacionales, que generalmente implican la creación de entidades independientes o plataformas neutrales, con reglas claras de gobernanza, interoperabilidad y acceso no discriminatorio. Es esencial garantizar que las RED se integren de forma transparente y competitiva en el sistema y no queden subordinadas a los agentes existentes.
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta presenta riesgos de abuso de propósito regulatorio, ya que amplía las facultades de los distribuidores sin sustento legal expreso. La Ley nº 14.300/2022 estableció un marco para la generación distribuida con reglas de transición, preservando los derechos adquiridos y promoviendo una migración gradual hacia un modelo más sostenible.
La creación de un DSO bajo el control de los distribuidores puede implicar intervenciones indebidas en los derechos de los prosumidores, desincentivando la participación activa de los consumidores y generando incertidumbre jurídica en el sector.
Además, es preocupante la falta de un debate más amplio y transparente sobre los impactos económicos y regulatorios de esta propuesta. El sector eléctrico brasileño vive un momento decisivo de reformas, con iniciativas legislativas y sub-legales que pretenden rediseñar la lógica de comercialización, la separación de balasto y energía y la apertura del mercado.
En este contexto, el DSO no puede construirse como un atajo institucional para resolver fallas de gobernanza y planificación de la distribución. Al contrario de lo que estamos viendo en Brasil, donde la GD, especialmente la micro y mini generación distribuida (MMGD), ha sido tratada como un “problema a controlar”, la experiencia internacional muestra que los países más avanzados en la transición energética han adoptado un enfoque colaborativo e integrador en la relación entre los DSO (Operadores de Sistemas de Distribución) y los Recursos Energéticos Distribuidos (RED).
En Europa, por ejemplo, países como Alemania, Reino Unido, España y Países Bajos llevan años construyendo un modelo donde los DSO son operadores independientes, neutrales y técnicamente capaces de actuar como facilitadores del sistema, y no como agentes subordinados a los intereses de los incumbentes. La generación distribuida en estos países es vista como un aliado de la flexibilidad, la descarbonización y la eficiencia de la red.
En lugar de considerar el crecimiento de la DG como una amenaza a la previsibilidad de la carga, los DSO europeos están adoptando soluciones como:
- Integración con sistemas de gestión activa de la demanda (Active System Management);
- Mercados de flexibilidad local, donde el consumidor y el generador distribuido son remunerados por los servicios prestados a la red;
- Plataformas digitales interoperables, con medición inteligente y datos accesibles en tiempo real;
- Y, lo más importante, acuerdos regulatorios que separen claramente el papel del operador del sistema del del comercializador/distribuidor, evitando conflictos de intereses.
En Estados Unidos, la tendencia es similar. Varios estados están adoptando la figura de Proveedor de Plataforma de Sistema de Distribución (DSPP), como en Nueva York, donde se fomenta la GD como parte de una visión más amplia de modernización de la red, conocida como REV – Reformando la Visión Energética.
En Brasil, el estudio presentado por el ONS propone un modelo en el que los DSO se crearían dentro de las distribuidoras, con el poder de controlar y despachar las RED, incluida la GD. Esta disposición, además de no reflejar las buenas prácticas internacionales, supone un retroceso en términos de neutralidad operativa, libertad del consumidor y apertura a la innovación.
Es importante destacar que la DG brasileña creció bajo un marco regulatorio definido, con reglas claras, incluyendo incentivos públicos planificados. Tratarlo ahora como un “monstruo” que necesita ser domesticado, como se mencionó en el reciente debate técnico, demuestra una visión reactiva y desequilibrada.
GD no es un villano. Cuando está bien integrado, con señalización, transparencia y tecnología adecuadas y rentables, es parte de la solución para un sistema más limpio, más seguro y más resiliente. El verdadero desafío no es contener la generación distribuida, sino modernizar la red, actualizar la regulación y alinear los incentivos de manera justa y eficiente.
Por tanto, la creación de un DSO debe ir precedida de:
- Una definición clara de los roles y responsabilidades institucionales, con separación funcional entre operaciones y marketing;
- La creación de un entorno de gobernanza neutral que permita el control y la coordinación de las RED sin favorecer a los agentes integrados verticalmente;
- Regulación basada en datos y evidencia técnica, con amplia participación de las partes interesadas, incluidos representantes de la sociedad civil, consumidores y generadores distribuidos;
- Alineación con los principios de libre competencia, innovación tecnológica y eficiencia económica.
La modernización de la red básica y de la distribución no se realiza mediante una centralización encubierta. El futuro del sector eléctrico brasileño debe basarse en la construcción de un sistema más abierto, transparente y resiliente, y no en el intento de “domesticar” la generación distribuida a través de estructuras institucionales cuestionables.
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