Imagine una avenida de barrio donde se celebra un gran mercado callejero cada fin de semana. Cada vendedor hace su parte: mejora su puesto, cuida la limpieza, capacita a su personal, realiza promociones, crea ofertas combinadas y amplía su gama de productos.
La calle se llena. Hay ventas. Y, poco a poco, muchos empiezan a pensar que la feria se sostiene sola, simplemente gracias al esfuerzo individual de vender más.
Entonces, un día, llega un aviso del ayuntamiento: el permiso va a cambiar. Nuevos requisitos, nuevas tarifas, nuevas normas de funcionamiento —algunas razonables, otras discutibles, pero todas con un efecto inmediato—: sin previsibilidad, la feria se convierte en un riesgo.
Y aquí es donde entra la lección que a menudo el mercado olvida: una buena feria no sobrevive sólo gracias al marketing y al deseo de vender; una buena feria necesita un entorno institucional estable.
El sector solar vivió algo similar en 2025. Fue un año conflictivo, marcado por la presión regulatoria y legislativa, en el que la discusión dejó de ser puramente tecnológica para pasar a ser explícitamente política e institucional.
Y es probable que 2026 sea aún más exigente, porque el mercado entra con señales mixtas: por un lado, las proyecciones apuntan a una desaceleración en la expansión general de la energía solar; por otro lado, hay expectativas de crecimiento en la generación distribuida, pero condicionadas a un entorno más predecible y funcional.
En este punto, vale la pena volver a la metáfora: de nada sirve tener el mejor puesto en el mercado si la avenida pierde su permiso o comienza a operar bajo incertidumbre.
El nivel macro (reglas, rituales, gobernanza, seguridad jurídica y coste del capital) es la base sobre la que se asienta el nivel micro (ventas, eventos, formación, marketing). Cuando el nivel macro se deteriora, el micro se convierte en mera espuma: mucho esfuerzo, mucha energía, poca conversión sostenible.
El episodio más ilustrativo de 2025 fue la tramitación de la Medida Provisional 1.304. En las versiones iniciales del debate, se discutió un cargo adicional asociado a la energía compensada en la generación distribuida, un diseño que, en la práctica, habría revalorizado las inversiones y generado inseguridad en el mercado.
En el día decisivo, la Cámara revocó la disposición por amplia mayoría (233 a 148), y el texto procedió sin esta acusación. Independientemente de las interpretaciones políticas del episodio, la lección es clara: el permiso del sector puede reescribirse rápidamente, y es la presencia institucional la que impide que la vía se cierre.
Aquí es donde entra en juego una agenda de madurez para 2026: el sector necesita considerar a Brasilia como parte del negocio. No como una "política" en sentido peyorativo; es una política pública, con sus rituales, escenarios, costos de oportunidad y necesidad de coordinación.
Un ejemplo concreto de alcance institucional es el FREPEL (Frente Parlamentario Mixto para la Energía Limpia), coordinado por el diputado federal Lafayette de Andrada (Republicanos-MG). Según el sitio web de la Cámara de Diputados, el FREPEL cuenta actualmente con 189 diputados firmantes y 9 senadores inscritos.
Y aquí conviene una nota pedagógica: desde la creación del FREPEL, existe un arreglo institucional mediante el cual el INEL (Instituto Nacional de Energía Limpia) actúa como socio técnico estructurante del Frente, siendo también, en la práctica, el que sustenta el esfuerzo presupuestario necesario para viabilizar estudios, eventos y la producción de subsidios calificados durante todo el año, un costo permanente que raramente encuentra compartición en el sector.
Otras iniciativas, como el Movimiento Solar Libre (MSL), juegan un papel relevante en la movilización y representación con un amplio alcance y un foco en la microgeneración distribuida, mientras que se mantienen más distantes de otras cuestiones como el almacenamiento y el recorte, que requieren interacción.
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