O Idec (Instituto Brasileño de Protección al Consumidor) envió, el pasado jueves (12), una denuncia a la TCU (Tribunal Federal de Cuentas) solicitando al país suspender la contratación de emergencia de centrales termoeléctricas realizada en octubre del año pasado.
La asociación afirma que la medida es necesaria, ya que la generación térmica contratados en el concurso son: “muy caros, contaminantes e innecesarios (por el momento)”.
En cambio, la entidad advirtió al TCU que para evitar una crisis hídrica en el país, el Gobierno Federal debería haber invertido recursos en energías renovables, como la solar, y haber realizado campañas de concientización entre la población sobre la gravedad de la situación y la necesidad de ahorrar energía.
“Como hemos advertido en innumerables ocasiones, el gobierno debería haber enfrentado la crisis con un trípode compuesto por una política efectiva de eficiencia energética, un programa de respuesta a la demanda con la participación de todos los consumidores y la ampliación del complejo generador basado en fuentes renovables”, afirmó. Antón Schwyter, coordinador del programa de energía y sostenibilidad del Idec.
En total, la denuncia enviada al TCU encontró que en la subasta de energía en cuestión fueron contratadas 17 plantas (1.220,8 MW), siendo la mayor parte de la potencia procedente de 14 centrales térmicas (1.177,8 MW). Las plantas deberían haber entrado en funcionamiento el 1 de mayo, lo que aún no ha ocurrido.
“En el arte. 276 del Reglamento Interno del TCU establece que el Pleno, el relator, o, en el caso del art. 28, inciso XVI, el Presidente, en caso de urgencia, temor fundado de daño grave al erario público, al interés público o riesgo de ineficacia de la decisión sobre el fondo, podrá adoptar medidas cautelares, determinando, entre otras medidas, la suspensión del acto impugnado”.
Subasta de contratación
Denominada PSC (Procedimiento Concursable Simplificado para la Contratación de Reserva de Capacidad para los Subsistemas Eléctricos Sureste/Medio Oeste y Sur), la subasta, realizada en octubre del año pasado, fue estructurada por la CREG (Cámara de Normas Excepcionales para la Gestión Hidroenergética) para buscar suministro de energía para la operación del país entre 2022 y 2025.
La opinión de Idec, sin embargo, llama la atención, en primer lugar, sobre el elevado coste de la energía eléctrica que deben generar las plantas de gas. “El costo equivale a alrededor de 10 veces el valor practicado en anteriores procesos de contratación de energía (…) mientras que el ICB de las subastas realizadas anteriormente en 2021 fue de R$ 160 por MWh, el de las PCS fue de R$ 1.598,76 por MWh”, destacó Schwyter.
En segundo lugar, Idec señaló que las plantas contratadas tienen el agravante de que, a diferencia de otras térmicas que se activan sólo en situaciones puntuales, estas fueron contratadas para operar de manera ininterrumpida.
“Esta premisa aumenta el costo a pagar por los consumidores, que podría superar los R$ 39 mil millones y representar un impacto promedio del 4,49% en las tarifas, según estimaciones de ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica)”, señala la asociación.
Además del impacto financiero, Idec también señala que la generación ininterrumpida desde la fuente también aumenta significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. “Cálculos de Instituto de Energía y Medio Ambiente (Iema) muestran que la activación de centrales térmicas será responsable de la emisión de 11,6 millones de toneladas de dióxido de carbono hasta 2025”.
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