Durante mucho tiempo, la seguridad energética se consideró sinónimo de contratar más combustible, aumentar las reservas de combustibles fósiles y buscar soluciones de emergencia cada vez que una crisis internacional hacía bajar los precios. El problema es que este modelo ha quedado obsoleto. Y ha quedado mal.
La nueva recomendación política de IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables) surge precisamente de la observación de que las crisis geopolíticas relacionadas con el petróleo y el gas se propagan rápidamente por toda la economía, ejerciendo presión sobre la inflación, el transporte, las cadenas de suministro y el coste de la vida, especialmente para los más vulnerables.
En respuesta, la agencia recomienda justo lo contrario de la receta tradicional: generación distribuida de energía renovable, minirredes con energía solar y baterías, tarificación por franjas horarias, electrificación, almacenamiento, refuerzo de la red eléctrica y marcos regulatorios claros para acelerar la transición.
El punto más importante del documento no es tecnológico, sino estratégico. IRENA deja claro que las energías renovables ya no deben considerarse únicamente como una cuestión medioambiental o climática. Se han convertido en infraestructura nacional de resiliencia.
El informe destaca que, para 2025, el mundo habrá añadido 692 GW de capacidad renovable y que el 91 % de la nueva capacidad renovable a gran escala ya proporciona energía a un coste inferior al de la alternativa de combustible fósil más barata. Asimismo, señala una marcada caída histórica en los costes de la energía solar, la eólica terrestre y las baterías.
Cuando las cifras cuadran mejor y el riesgo geopolítico también disminuye, el debate pasa a un nuevo nivel. Ya no se trata de si la energía solar y el almacenamiento "encajan" en el sistema, sino de reconocer que, sin ellos, el sistema se vuelve más caro, más vulnerable y más frágil.
La propia IRENA subraya que las soluciones solares y de almacenamiento de energía están avanzando hacia el suministro de energía estable a precios competitivos, además de reducir significativamente la dependencia del diésel en zonas remotas. En otras palabras: el almacenamiento no es un accesorio transitorio, sino una pieza fundamental de la seguridad energética del siglo XXI.
Los ejemplos internacionales citados por la agencia también merecen atención. Los países que han avanzado más en energía solar, eólica, baterías y electrificación estuvieron menos expuestos a la reciente crisis. España y Portugal se presentan como casos de mayor protección relativa; la Unión Europea, con la expansión de la energía solar y eólica, evitó costes adicionales significativos derivados de los combustibles fósiles; y las experiencias en países como Pakistán, India y Cuba demuestran que los sistemas distribuidos pueden proteger a las familias, las comunidades y las actividades productivas cuando los combustibles importados se encarecen o escasean.
Para Brasil, el mensaje es claro. Un país con una clara vocación solar, con millones de consumidores sensibles a las tarifas y con extensas zonas donde la flexibilidad y la fiabilidad son tan importantes como la expansión de la oferta, no debería considerar el almacenamiento, la generación distribuida y la modernización tarifaria como cuestiones secundarias. El sector solar brasileño debe ser visto no solo como un proveedor de megavatios, sino como una herramienta concreta para la protección económica, la previsibilidad y la estabilidad sistémica.
Esto se aplica a los consumidores residenciales, que buscan reducir su exposición a las facturas de electricidad y ganar autonomía. Se aplica al comercio y la industria, que necesitan energía predecible para invertir. Se aplica a los servicios públicos esenciales. Y, sobre todo, se aplica al diseño de políticas públicas. Lo que hoy parece una agenda sectorial, mañana se exigirá como una agenda estatal.
La interpretación correcta de la advertencia de IRENA es sencilla: la próxima crisis energética mundial no se abordará únicamente mediante una mayor centralización del suministro y una mayor dependencia de combustibles volátiles. Se abordará mediante la generación cerca del punto de consumo, baterías, gestión de la demanda, redes eléctricas más inteligentes y una electrificación bien diseñada.
Quienes lo comprendan antes sufrirán menos. Quienes se demoren pagarán un precio más alto en términos de aranceles, competitividad y retrasos regulatorios. En el sector solar, esta no debería ser una tesis controvertida, sino el nuevo consenso.
Base técnica: IRENA, De la crisis energética a la seguridad energética: Acciones para los responsables políticos (abril de 2026).
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